La nueva Ley de Economía Social refuerza el papel de las empresas de inserción y consolida su función social

La publicación en el BOE de la Ley 1/2026 de Impulso de la Economía Social supone un paso adelante para el conjunto del sector, que pasa a disponer, por primera vez, de un marco jurídico integral, coherente y alineado con Europa. Esta nueva normativa pone orden a una regulación hasta ahora dispersa y adapta el sistema a los retos sociales, económicos y ambientales actuales.

Desde la Fundación Formació i Treball valoramos positivamente esta aprobación, fruto de un largo proceso de trabajo colectivo en el que han participado entidades como FAEDEI y FEICAT, así como nuestro codirector general, Xavier Puig Vidal.

La ley redefine el perímetro de la economía social y refuerza la contratación pública socialmente responsable, consolidándola como instrumento de política social con un impacto directo en la inclusión. Uno de los ámbitos donde la reforma tiene mayor incidencia es el de las empresas de inserción. La actualización de su regulación mejora la competitividad y consolida su función social, reconociéndolas como herramientas estructurales de inclusión sociolaboral. En este sentido, se introduce un nuevo contrato de transición hacia el mercado de trabajo ordinario, más flexible y adaptado a los itinerarios de las personas en situación de vulnerabilidad, y se refuerza su papel dentro de los Servicios de Interés Económico General.

La nueva normativa también incorpora importantes garantías para preservar la esencia del modelo. Se establece la obligación de reinvertir el 100% de los excedentes en la propia actividad, asegurando que los beneficios se destinen íntegramente a finalidades sociales. Además, se blinda la titularidad de las empresas de inserción, exigiendo que el 100% del capital sea de entidades sin ánimo de lucro, y se requiere que las entidades promotoras acrediten una trayectoria contrastada en el ámbito de la vulnerabilidad social, aportando rigor y coherencia al sistema.

La ley reconoce, asimismo, que las empresas de inserción operan en el mercado en igualdad de condiciones que el resto de empresas, pero con una función social esencial: actuar como puente hacia el empleo para personas en situación de vulnerabilidad.

Aunque desde el sector se reconoce que la norma no recoge todas las aspiraciones iniciales, sí es fruto de un amplio consenso y representa una clara mejora del marco normativo vigente. Además, incorpora elementos transversales como la igualdad de género, la digitalización o el impulso de políticas orientadas a la innovación, la transición ecológica y la economía de los cuidados.

En definitiva, la Ley 1/2026 consolida la economía social como un actor clave para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, sostenible y cohesionada, reforzando herramientas que, como las empresas de inserción, generan oportunidades reales para las personas que más lo necesitan.